Asambleístas presentan ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la minería ilegal
La iniciativa, de alcance nacional, fue presentada formalmente ante la presidencia de la Cámara de Diputados y busca fortalecer la respuesta del Estado frente al robo de mineral y actuar también sobre el financiamiento de estos ilícitos y la obstaculización de las tareas de control y fiscalización.
La Paz, 8 de octubre de 2026 (COMIBOL).- Asambleístas nacionales presentaron este jueves ante la presidencia de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal, dando paso al procedimiento legislativo correspondiente.
En representación de los legisladores que suscribieron la propuesta participaron en la conferencia de prensa los diputados Omar Muriel y Egidio Arce, y el senador Freddy Castillo.
En sus intervenciones, los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer la respuesta frente al jukeo y de dar curso al tratamiento de la propuesta. También se pidió el respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la iniciativa avance y se remarcó que las pérdidas derivadas del robo de mineral afectan recursos del Estado y a distintos centros mineros. Asimismo, destacaron la importancia de reforzar el control y la coordinación entre las instituciones involucradas.
La presentación formal marca un paso concreto para llevar al ámbito legislativo una respuesta frente a una problemática de impacto económico, productivo y de seguridad. El robo de mineral ya no se limita al ingreso furtivo a las minas: en operaciones mineras se han registrado incursiones de grupos numerosos y, en determinados hechos, presencia de armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados, con riesgos para los trabajadores y para quienes cumplen tareas de resguardo.
En Huanuni, uno de los casos más graves documentados, esta problemática ya ha costado vidas. En julio de este año, un trabajador de la Empresa Minera Huanuni y dos efectivos militares murieron durante un operativo de seguridad preventiva frente a la presunta sustracción ilegal de minerales; otro efectivo militar resultó herido.
El impacto también alcanza los recursos del Estado. Solo para el caso del estaño en Huanuni, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) estimó un daño económico de alrededor de 236.679 dólares mensuales. En esa operación se reportó además el ingreso furtivo de aproximadamente 120 personas al mes y se registraron incursiones de grupos que pueden superar las 300 personas, en algunos casos con armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados.
El proyecto tiene origen en una propuesta técnica impulsada desde la COMIBOL a partir de hechos registrados en sus operaciones y empresas filiales. Ya el 28 de septiembre fue socializada en Huanuni y entregada simbólicamente a representantes de las cámaras de Diputados y Senadores para su conocimiento y consideración.
Una respuesta que va más allá del robo de mineral
La propuesta tiene alcance nacional y plantea que la respuesta no se limite a quien ingresa a una mina para sustraer mineral, pues busca fortalecer la coordinación y las capacidades de actuación del Estado, alcanzar a quienes proporcionan recursos económicos o materiales para hacer posibles estos ilícitos y sancionar la obstaculización de las labores de control y fiscalización.
Entre sus principales disposiciones, propone la coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la misma COMIBOL para la planificación y ejecución de operativos interinstitucionales.
En materia penal, plantea incorporar el financiamiento de la minería ilegal, con una pena de tres a nueve años de privación de libertad para quien provea, recolecte, entregue o financie fondos, recursos económicos o medios materiales destinados a la comisión de los delitos mineros comprendidos por la normativa vigente.
También propone sancionar con uno a tres años de privación de libertad la obstaculización a la fiscalización minera cuando, mediante violencia, amenaza o impedimento físico, se obstaculicen las labores de evaluación, control, inspección o fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o de COMIBOL.
La iniciativa plantea además incrementar las penas cuando concurran agravantes como reincidencia; empleo ilícito de armas de fuego o explosivos; violencia o intimidación; participación de tres o más personas; utilización de menores de edad o personas inimputables; intervención de servidores públicos valiéndose de su cargo; o empleo de procedimientos o insumos que pongan en riesgo la salud pública, los ecosistemas o las fuentes hidrológicas.
Otro componente es el incentivo a la denuncia, condicionado a que el mineral sea efectivamente recuperado y devuelto a COMIBOL. El proyecto plantea un incentivo equivalente al 5% del valor técnico e inventariado del mineral útil recuperado para el denunciante individual y del 10% cuando la denuncia provenga de una comunidad campesina, indígena o pueblo originario. También contempla exclusiones, reserva de identidad y mecanismos para fortalecer la custodia y protección de las instalaciones mineras.
COMIBOL y representantes del sector minero acompañan la presentación
La presentación contó con la participación de representantes de COMIBOL y de su filial Empresa Minera Huanuni, además de representantes sindicales de Huanuni y Colquiri y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
Estuvieron presentes el gerente General de la Empresa Minera Huanuni, José Velasco; el secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Omar Choquecallata; el secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Félix Mamani; y el primer secretario General de la FSTMB, Edwin Peredo.
Velasco señaló que el robo de mineral afecta a distintos centros mineros y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentarlo. Desde la FSTMB, Peredo sostuvo que la problemática no se limita a las empresas estatales, sino que alcanza también al sector privado, y expresó el respaldo de la Federación a iniciativas orientadas a fortalecer la protección del sector minero asalariado.
Desde Colquiri, Mamani expuso los efectos de los ingresos ilegales y la sustracción de mineral sobre las operaciones, galerías y fuentes laborales, y planteó que durante el tratamiento legislativo se revise el alcance de las sanciones previstas. El representante sindical de Huanuni recordó, por su parte, las consecuencias humanas y económicas que el robo de mineral ha dejado en ese distrito y pidió avanzar en el tratamiento de la propuesta.
Con su presentación ante la presidencia de la Cámara de Diputados, el proyecto entra en una nueva etapa: su análisis y tratamiento en el ámbito legislativo, donde corresponderá definir el contenido y alcance final de la norma.
Se estima un daño económico de alrededor de $us 236.679 al mes por el hurto de mineral (jukeo), solo en el caso del estaño, en operaciones de COMIBOL en Huanuni
COMIBOL socializa en Huanuni anteproyecto para fortalecer la lucha contra la minería ilegal La propuesta fue entregada simbólicamente a representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y consideración. El texto parte de hechos registrados en las operaciones mineras estatales y plantea fortalecer la coordinación interinstitucional y actuar también sobre quienes financian estos delitos u obstaculizan las labores de control y fiscalización.
Huanuni, 28 de septiembre de 2026 (COMIBOL).- Incursiones de grupos que pueden superar las 300 personas, con armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados, y aproximadamente 120 personas al mes que ingresan furtivamente a las minas, forman parte de la realidad que enfrenta la minería estatal frente al robo de mineral. Solo en el caso del estaño en Huanuni, el daño económico al Estado se estima en alrededor de 236.679 dólares al mes, considerando un promedio de 45 kilogramos de mineral hurtado por kepirina (mochila artesanal utilizada para el transporte de mineral).
La afectación no es únicamente económica. Uno de los episodios más graves registrados en julio de 2026 ocurrió en Huanuni, donde perdieron la vida un trabajador de la empresa minera Huanuni y dos efectivos militares durante un operativo de seguridad preventiva frente a la presunta sustracción ilegal de minerales. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) informó además que otro efectivo militar resultó herido. Frente a esta realidad, esta institución socializó en Huanuni el Anteproyecto de Ley de “Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal” y realizó la entrega simbólica del documento a representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y consideración.
La jornada contó con la participación de autoridades y representantes de distintas entidades del Estado, además de COMIBOL, la empresa Huanuni y representantes de sus trabajadores.
En las operaciones de COMIBOL, la problemática que da origen a la propuesta es el ‘juqueo’ o robo de mineral y las actividades que permiten organizar, financiar y sostener estos ilícitos. El anteproyecto tiene un ámbito de aplicación nacional y concentra su objeto en fortalecer los mecanismos de coordinación y acción frente a la minería ilegal que afecta a las empresas filiales y gerencias regionales de la Corporación.
La iniciativa recoge además un proceso previo de articulación institucional. El 1 de abril de 2026, COMIBOL, la empresa minera Huanuni, la Policía Boliviana, el Ejército y la Fiscalía suscribieron un acuerdo para coordinar acciones preventivas, de control y persecución penal. Ese trabajo estableció también que la respuesta no debía limitarse a quienes sustraen el mineral, sino alcanzar a personas o empresas que compren mineral ilegal o robado, y planteó impulsar medidas legislativas para fortalecer la respuesta del Estado.
El anteproyecto establece la coordinación obligatoria entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio Público, Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL para la planificación y ejecución de operativos interinstitucionales. También dispone que la actuación de Fuerzas Armadas y Policía se sujete a los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y oportunidad, y plantea que el uso de armas, municiones y equipamiento sea proporcional al riesgo de los operativos, conforme a la Ley N° 400.
Actuar también sobre quienes sostienen el delito
El anteproyecto amplía la respuesta penal hacia quienes proporcionan recursos para hacer posibles estos ilícitos. Propone incorporar el financiamiento de la minería ilegal, con una pena de tres a nueve años de privación de libertad para quien, por cuenta propia o de terceros, provea, recolecte, entregue o financie fondos, recursos económicos o medios materiales destinados a la comisión de los delitos mineros comprendidos por la normativa vigente.
También plantea sancionar con uno a tres años de privación de libertad la obstaculización a la fiscalización minera, cuando mediante violencia, amenaza o impedimento físico se obstaculicen las labores de evaluación, control, inspección o fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o de COMIBOL.
La propuesta refuerza además las penas para hechos cometidos en circunstancias de mayor gravedad. Plantea un aumento de dos tercios de la pena cuando exista reincidencia en ilícitos mineros en un periodo no mayor a cinco años; se empleen procedimientos o insumos nocivos que pongan en peligro la salud pública, los ecosistemas o fuentes hidrológicas; intervengan servidores públicos valiéndose de su cargo; se utilicen menores de edad o personas inimputables; se empleen ilícitamente armas de fuego o explosivos; medien agresiones físicas, violencia o intimidación para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento; o participen tres o más personas.
Con estas disposiciones, la respuesta planteada no se limita a quien ingresa a una mina para robar mineral, sino que también busca alcanzar a quienes aportan recursos económicos o materiales para hacer posible el delito y fortalecer las herramientas de actuación cuando la violencia, las armas, la organización de grupos numerosos u otras circunstancias incrementan su gravedad.
Otro componente es el incentivo a la denuncia, condicionado a que el mineral sea efectivamente recuperado y devuelto a COMIBOL. El texto establece un incentivo equivalente al 5% del valor técnico e inventariado del mineral útil recuperado para el denunciante individual y del 10% cuando la denuncia provenga de una comunidad campesina, indígena o pueblo originario. También establece exclusiones, reserva de identidad y mecanismos para fortalecer la custodia y protección de las instalaciones mineras.
El anteproyecto articula la experiencia registrada en las operaciones mineras con el marco jurídico nacional y toma como referencia la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada mediante la Decisión 774 de la Comunidad Andina, que plantea medidas legales, administrativas y operativas para enfrentar de manera integral y coordinada la minería ilegal y sus actividades conexas.
La socialización en Huanuni permitió presentar ante representantes del ámbito legislativo una problemática documentada desde las operaciones mineras, dimensionar parte de su impacto económico y humano y exponer una propuesta ante las instituciones directamente vinculadas con su prevención, control, investigación y eventual aplicación. Con la entrega simbólica del anteproyecto a representantes de ambas cámaras, COMIBOL presentó la propuesta para su conocimiento y consideración.
COMIBOL mantendrá intactas las franjas de seguridad de sus operaciones mineras
La Paz, 2 de septiembre 2026 (COMIBOL).-La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) mantendrá intactas las franjas de seguridad establecidas conforme a criterios técnicos y a la normativa aplicable en las áreas de sus empresas filiales, unidades productivas y demás operaciones mineras bajo su administración, especialmente las correspondientes a la Empresa Minera Huanuni.
El resguardo de estas franjas no constituye una medida discrecional. Las áreas definidas técnica y legalmente como necesarias para las operaciones forman parte de las responsabilidades de administración y protección que ejerce COMIBOL. Conservarlas intactas es una obligación institucional destinada a preservar la seguridad de las operaciones, la continuidad productiva, el desarrollo de los proyectos mineros estatales y el patrimonio del pueblo boliviano.
La Constitución Política del Estado establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y que corresponde al Estado administrarlos en función del interés colectivo. Asimismo, determina la responsabilidad estatal sobre las riquezas mineralógicas existentes en el suelo y el subsuelo.
Las franjas de seguridad necesarias para el funcionamiento, protección y continuidad de las operaciones mineras estatales permanecerán bajo resguardo de COMIBOL y no serán destinadas a actividades de terceros.
COMIBOL reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la minería estatal, la protección de sus empresas y unidades productivas y la defensa de los recursos y del patrimonio minero del Estado.
COMIBOL y SERGEOMIN suscriben convenio para fortalecer la prospección y exploración geológico-minera
La Paz, 18 de agosto de 2026 (COMIBOL). - La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN) suscribieron un convenio interinstitucional para fortalecer la prospección y exploración geológico-minera en áreas de titularidad de COMIBOL y en áreas de uso exclusivo de la Corporación, en el marco de la normativa minera vigente.
El convenio fue suscrito por el Presidente Ejecutivo a. i. de COMIBOL, Dr. Ing. José Fernando Córdova Eguivar, y el Director Ejecutivo de SERGEOMIN, M. Sc. Ing. Jorge Bellot La Torre, establece mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para el desarrollo de trabajos orientados a ampliar el conocimiento y la información sobre el potencial geológico-minero de estas áreas.
En el marco de sus atribuciones, SERGEOMIN será responsable de la ejecución técnica de las actividades de investigación, prospección y exploración geológico-minera, mientras que las acciones que se desarrollen estarán sujetas a coordinación entre ambas instituciones.
Los trabajos podrán comprender estudios de topografía, geología, geoquímica y geofísica, así como perforación exploratoria y estimación de recursos minerales, de acuerdo con las características y requerimientos técnicos de las áreas y proyectos que sean abordados.
La generación de información geológica constituye una base fundamental para conocer con mayor precisión el potencial mineralógico y sustentar técnicamente la evaluación y desarrollo de futuros proyectos. La Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia establece entre las atribuciones de SERGEOMIN la identificación de áreas de interés y el desarrollo de actividades de prospección y exploración.
El acuerdo da continuidad a una relación de cooperación técnica entre ambas instituciones que se remonta a 2002, cuando COMIBOL y el entonces SERGEOTECMIN suscribieron un convenio orientado a generar e incrementar información geológica y minera y desarrollar trabajos de investigación y estimación de recursos minerales.
El nuevo convenio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación previo acuerdo entre las partes, y permitirá articular las capacidades y competencias de COMIBOL y SERGEOMIN para avanzar en el conocimiento geológico de áreas vinculadas con la minería estatal.
Con esta coordinación interinstitucional, COMIBOL fortalece el componente de prospección y exploración como base para la identificación y evaluación técnica de nuevas oportunidades de desarrollo minero, contribuyendo a una planificación sustentada en información geológica y conocimiento técnico.
La Gobernación de Oruro y actores institucionales acuerdan acciones integrales contra jukeo en Empresa Minera Huanuni
Oruro, 3 de agosto de 2026
En una reunión desarrollada en instalaciones de la Gobernación de Oruro, autoridades nacionales, departamentales y fuerzas del orden acordaron un plan de acción integral de ocho puntos enfocado en erradicar de manera definitiva el "jukeo" (robo de mineral) en el cerro Posokoni de la Empresa Minera Huanuni (EMH).
El acuerdo establece directrices operativas, tecnológicas y legales orientadas a frenar el ilícito y resguardar los recursos estratégicos del Estado. Las medidas acordadas son las siguientes:
Inteligencia y coordinación continua
Se establecerán canales e instancias permanentes para el intercambio inmediato de información estratégica entre las fuerzas del orden y las instituciones estatales, optimizando la capacidad de anticipación ante las incursiones ilegales.
Acceso a sistemas de vigilancia
Se habilitará el acceso directo y compartido a las cámaras de seguridad institucionales de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de la empresa minera, permitiendo un monitoreo unificado y en tiempo real de las zonas críticas.
Comunicación inmediata mediante mensajería
Se creará un grupo de mensajería instantánea seguro y exclusivo para los mandos operativos, diseñado específicamente para coordinar respuestas rápidas y emitir alertas tempranas ante cualquier contingencia.
Adquisición de soporte tecnológico
El plan contempla la cotización y compra de equipos especiales de última tecnología —tales como drones, sensores de movimiento y visores nocturnos— para potenciar las tareas de control técnico y la vigilancia perimetral del yacimiento.
Operativos de campo conjuntos
Se intensificará la ejecución de patrullajes y despliegues combinados constantes en los socavones y accesos principales, con la participación activa y coordinada de la Policía Boliviana, el Ejército y el Ministerio Público.
Devolución obligatoria del mineral
Se garantizará que todo el estaño de alta pureza recuperado durante los operativos de incautación y las aprehensiones sea devuelto formalmente a la administración de la empresa estatal.
Fiscalización a comercializadoras
Se implementará un seguimiento estricto a las comercializadoras, investigando a los centros de compra y venta de minerales de la región para identificar nexos clandestinos, cortar la cadena de suministro ilegal y desarticular las redes de receptación de mineral robado.
Impulso a normativa y Medidas de Estado
Como pilar estructural, se procederá a la socialización de un anteproyecto de ley penal especializado contra el delito de jukeo. Asimismo, se realizarán gestiones ante el Gobierno central para declarar y blindar la protección del cerro Posokoni como un activo estratégico del país.
CON AMPLIA REPRESENTACIÓN DE SUS EMPRESAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS
COMIBOL fortaleció su presencia institucional en FIMEM 2026
Oruro, 17 de agosto de 2026 (COMIBOL). - La Corporación Minera de Bolivia participó activamente durante los cuatro días de la XIII Feria Internacional de la Minería, Energía y Medio Ambiente – FIMEM Bolivia 2026, realizada del 13 al 16 de agosto en Oruro, con una amplia representación de sus empresas filiales, unidades productivas y áreas especializadas. La presencia institucional permitió mostrar distintas capacidades de la minería estatal y fortalecer el intercambio con empresas, instituciones, profesionales, proveedores y otros actores vinculados al sector.
COMIBOL estuvo presente con la Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Corocoro, Quechisla, Planta Industrial Pulacayo, Unidad Productiva Caolín, Centro de Investigación Minero Metalúrgico (CIMM), Dirección de Medio Ambiente (DIMA), Gerencia Regional Potosí y el Sistema de Archivo Histórico de COMIBOL, a través del Archivo Regional Oruro. Esta representación refleja diferentes dimensiones del trabajo de la Corporación: producción minera, investigación y servicios técnicos, gestión ambiental y preservación de la memoria minera del país.
Durante el acto inaugural, la participación institucional contó con el acompañamiento de integrantes del Directorio de COMIBOL. Asimismo, el Presidente Ejecutivo a.i., Dr. Ing. José Fernando Córdova Eguivar, recorrió los stands de la Corporación y compartió con los equipos responsables de representar a sus empresas y unidades en la feria.
A lo largo de la feria, los espacios de COMIBOL permitieron acercar al público y a los actores del sector las distintas áreas que forman parte de la actividad de la Corporación. FIMEM reunió a empresas públicas y privadas, proveedores, operadores mineros, instituciones y representantes del ámbito académico, en un escenario orientado a la presentación de tecnología, el intercambio de conocimientos y la generación de contactos vinculados con la minería, la energía y el medio ambiente.
La agenda de FIMEM y FICON (Feria Internacional de la Construcción) incluyó además una Rueda de Negocios destinada al encuentro entre empresas, proveedores e instituciones, donde se logró Bs 103.139.500 en la intención de negocios (43% más que en 2025); alcanzándose las 64 empresas inscritas, teniendo 197 reuniones agendadas (60% más que en 2025) y unas 207 reuniones concretadas (120% más que en 2025).
En el Congreso Internacional de Minería, Energía y Medio Ambiente – CIMEMA 2026, se desarrolló ponencias, charlas y talleres relacionados con minería, energía, tecnología, seguridad industrial y soluciones aplicables al sector.
En el marco de la clausura, la COMIBOL y los stands de la Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Colquiri y Archivo Regional Oruro recibieron reconocimientos de la organización de FIMEM 2026, poniendo en valor el trabajo desarrollado en equipos durante las jornadas de exposición.
La participación de COMIBOL en FIMEM 2026 permitió proyectar de manera conjunta el trabajo de sus empresas y unidades, compartir experiencias y acercarse a espacios de conocimiento, tecnología y vinculación sectorial, como parte del desafío de continuar fortaleciendo y modernizando la minería estatal.
COMIBOL condena los trágicos fallecimientos en Huanuni y exige sanciones drásticas contra el jukeo
La Paz, 27 de julio de 2026
- La Corporación Minera de Bolivia lamenta el fallecimiento de un trabajador minero y dos efectivos militares durante un operativo de seguridad contra la sustracción ilegal de minerales.
- La institución exige que el peso de la ley caiga sobre los responsables directos, encubridores y compradores dentro de la cadena delictiva, en el marco de la Ley N° 1093.
La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) expresó su más profundo pesar por los trágicos fallecimientos de un trabajador de la Empresa Minera Huanuni y de dos efectivos militares, registrados la madrugada de este sábado 26 de julio de 2026, durante un operativo de seguridad preventiva frente a la presunta sustracción ilegal de minerales, actividad ilícita conocida como jukeo.
La estatal minera hace llegar sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y amigos de las víctimas. Asimismo, manifestó su solidaridad con el subteniente que resultó herido en el cumplimiento de su deber, haciendo votos por su pronta recuperación.
Resguardo de los recursos del Estado
La COMIBOL destacó que tanto el trabajador minero como los efectivos militares se encontraban cumpliendo labores fundamentales de resguardo de la producción estatal y de los recursos minerales que pertenecen a todo el pueblo boliviano. Su pérdida enluta profundamente a la Empresa Minera Huanuni, a las Fuerzas Armadas, a la Corporación y al país en su conjunto.
La Corporación condena enérgicamente toda actividad criminal vinculada al jukeo, así como la actuación de personas, empresas o estructuras que sostienen: la sustracción, el transporte ilegal, la recepción, el ocultamiento y la comercialización (compra y venta) de minerales de origen ilícito.
Asimismo, advirtió que estas acciones no solo atentan gravemente contra el patrimonio del Estado, sino que ponen en inminente riesgo la vida de quienes protegen los recursos naturales.
Coordinación interinstitucional y aplicación de la ley
Por otra parte, la estatal minera informó que se encuentra trabajando de manera inmediata y diligente, en plena coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y lograr sanciones drásticas.
Las investigaciones y acciones legales alcanzarán tanto a los autores materiales de los crímenes como a quienes los hayan facilitado, encubierto o se beneficien de cualquier eslabón de esta cadena punible.
En ese marco, COMIBOL recordó que la Ley N° 1093, promulgada el 29 de agosto de 2018, sanciona severamente los delitos vinculados a la sustracción de minerales —incluidos el hurto, robo, robo agravado y la receptación—, alcanzando también a quienes ayuden a asegurar el beneficio del ilícito o negocien con minerales de origen ilegal.
Finalmente, la institución reafirmó que actuará con absoluta firmeza para que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables y estos hechos no queden impunes, honrando la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del patrimonio minero de las bolivianas y los bolivianos.
