Asambleístas presentan ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la minería ilegal
La iniciativa, de alcance nacional, fue presentada formalmente ante la presidencia de la Cámara de Diputados y busca fortalecer la respuesta del Estado frente al robo de mineral y actuar también sobre el financiamiento de estos ilícitos y la obstaculización de las tareas de control y fiscalización.
La Paz, 8 de octubre de 2026 (COMIBOL).- Asambleístas nacionales presentaron este jueves ante la presidencia de la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal, dando paso al procedimiento legislativo correspondiente.
En representación de los legisladores que suscribieron la propuesta participaron en la conferencia de prensa los diputados Omar Muriel y Egidio Arce, y el senador Freddy Castillo.
En sus intervenciones, los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer la respuesta frente al jukeo y de dar curso al tratamiento de la propuesta. También se pidió el respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la iniciativa avance y se remarcó que las pérdidas derivadas del robo de mineral afectan recursos del Estado y a distintos centros mineros. Asimismo, destacaron la importancia de reforzar el control y la coordinación entre las instituciones involucradas.
La presentación formal marca un paso concreto para llevar al ámbito legislativo una respuesta frente a una problemática de impacto económico, productivo y de seguridad. El robo de mineral ya no se limita al ingreso furtivo a las minas: en operaciones mineras se han registrado incursiones de grupos numerosos y, en determinados hechos, presencia de armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados, con riesgos para los trabajadores y para quienes cumplen tareas de resguardo.
En Huanuni, uno de los casos más graves documentados, esta problemática ya ha costado vidas. En julio de este año, un trabajador de la Empresa Minera Huanuni y dos efectivos militares murieron durante un operativo de seguridad preventiva frente a la presunta sustracción ilegal de minerales; otro efectivo militar resultó herido.
El impacto también alcanza los recursos del Estado. Solo para el caso del estaño en Huanuni, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) estimó un daño económico de alrededor de 236.679 dólares mensuales. En esa operación se reportó además el ingreso furtivo de aproximadamente 120 personas al mes y se registraron incursiones de grupos que pueden superar las 300 personas, en algunos casos con armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados.
El proyecto tiene origen en una propuesta técnica impulsada desde la COMIBOL a partir de hechos registrados en sus operaciones y empresas filiales. Ya el 28 de septiembre fue socializada en Huanuni y entregada simbólicamente a representantes de las cámaras de Diputados y Senadores para su conocimiento y consideración.
Una respuesta que va más allá del robo de mineral
La propuesta tiene alcance nacional y plantea que la respuesta no se limite a quien ingresa a una mina para sustraer mineral, pues busca fortalecer la coordinación y las capacidades de actuación del Estado, alcanzar a quienes proporcionan recursos económicos o materiales para hacer posibles estos ilícitos y sancionar la obstaculización de las labores de control y fiscalización.
Entre sus principales disposiciones, propone la coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la misma COMIBOL para la planificación y ejecución de operativos interinstitucionales.
En materia penal, plantea incorporar el financiamiento de la minería ilegal, con una pena de tres a nueve años de privación de libertad para quien provea, recolecte, entregue o financie fondos, recursos económicos o medios materiales destinados a la comisión de los delitos mineros comprendidos por la normativa vigente.
También propone sancionar con uno a tres años de privación de libertad la obstaculización a la fiscalización minera cuando, mediante violencia, amenaza o impedimento físico, se obstaculicen las labores de evaluación, control, inspección o fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o de COMIBOL.
La iniciativa plantea además incrementar las penas cuando concurran agravantes como reincidencia; empleo ilícito de armas de fuego o explosivos; violencia o intimidación; participación de tres o más personas; utilización de menores de edad o personas inimputables; intervención de servidores públicos valiéndose de su cargo; o empleo de procedimientos o insumos que pongan en riesgo la salud pública, los ecosistemas o las fuentes hidrológicas.
Otro componente es el incentivo a la denuncia, condicionado a que el mineral sea efectivamente recuperado y devuelto a COMIBOL. El proyecto plantea un incentivo equivalente al 5% del valor técnico e inventariado del mineral útil recuperado para el denunciante individual y del 10% cuando la denuncia provenga de una comunidad campesina, indígena o pueblo originario. También contempla exclusiones, reserva de identidad y mecanismos para fortalecer la custodia y protección de las instalaciones mineras.
COMIBOL y representantes del sector minero acompañan la presentación
La presentación contó con la participación de representantes de COMIBOL y de su filial Empresa Minera Huanuni, además de representantes sindicales de Huanuni y Colquiri y de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
Estuvieron presentes el gerente General de la Empresa Minera Huanuni, José Velasco; el secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, Omar Choquecallata; el secretario General del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Félix Mamani; y el primer secretario General de la FSTMB, Edwin Peredo.
Velasco señaló que el robo de mineral afecta a distintos centros mineros y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para enfrentarlo. Desde la FSTMB, Peredo sostuvo que la problemática no se limita a las empresas estatales, sino que alcanza también al sector privado, y expresó el respaldo de la Federación a iniciativas orientadas a fortalecer la protección del sector minero asalariado.
Desde Colquiri, Mamani expuso los efectos de los ingresos ilegales y la sustracción de mineral sobre las operaciones, galerías y fuentes laborales, y planteó que durante el tratamiento legislativo se revise el alcance de las sanciones previstas. El representante sindical de Huanuni recordó, por su parte, las consecuencias humanas y económicas que el robo de mineral ha dejado en ese distrito y pidió avanzar en el tratamiento de la propuesta.
Con su presentación ante la presidencia de la Cámara de Diputados, el proyecto entra en una nueva etapa: su análisis y tratamiento en el ámbito legislativo, donde corresponderá definir el contenido y alcance final de la norma.
