Se estima un daño económico de alrededor de $us 236.679 al mes por el hurto de mineral (jukeo), solo en el caso del estaño, en operaciones de COMIBOL en Huanuni
COMIBOL socializa en Huanuni anteproyecto para fortalecer la lucha contra la minería ilegal La propuesta fue entregada simbólicamente a representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y consideración. El texto parte de hechos registrados en las operaciones mineras estatales y plantea fortalecer la coordinación interinstitucional y actuar también sobre quienes financian estos delitos u obstaculizan las labores de control y fiscalización.
Huanuni, 28 de septiembre de 2026 (COMIBOL).- Incursiones de grupos que pueden superar las 300 personas, con armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados, y aproximadamente 120 personas al mes que ingresan furtivamente a las minas, forman parte de la realidad que enfrenta la minería estatal frente al robo de mineral. Solo en el caso del estaño en Huanuni, el daño económico al Estado se estima en alrededor de 236.679 dólares al mes, considerando un promedio de 45 kilogramos de mineral hurtado por kepirina (mochila artesanal utilizada para el transporte de mineral).
La afectación no es únicamente económica. Uno de los episodios más graves registrados en julio de 2026 ocurrió en Huanuni, donde perdieron la vida un trabajador de la empresa minera Huanuni y dos efectivos militares durante un operativo de seguridad preventiva frente a la presunta sustracción ilegal de minerales. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) informó además que otro efectivo militar resultó herido. Frente a esta realidad, esta institución socializó en Huanuni el Anteproyecto de Ley de “Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal” y realizó la entrega simbólica del documento a representantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su conocimiento y consideración.
La jornada contó con la participación de autoridades y representantes de distintas entidades del Estado, además de COMIBOL, la empresa Huanuni y representantes de sus trabajadores.
En las operaciones de COMIBOL, la problemática que da origen a la propuesta es el ‘juqueo’ o robo de mineral y las actividades que permiten organizar, financiar y sostener estos ilícitos. El anteproyecto tiene un ámbito de aplicación nacional y concentra su objeto en fortalecer los mecanismos de coordinación y acción frente a la minería ilegal que afecta a las empresas filiales y gerencias regionales de la Corporación.
La iniciativa recoge además un proceso previo de articulación institucional. El 1 de abril de 2026, COMIBOL, la empresa minera Huanuni, la Policía Boliviana, el Ejército y la Fiscalía suscribieron un acuerdo para coordinar acciones preventivas, de control y persecución penal. Ese trabajo estableció también que la respuesta no debía limitarse a quienes sustraen el mineral, sino alcanzar a personas o empresas que compren mineral ilegal o robado, y planteó impulsar medidas legislativas para fortalecer la respuesta del Estado.
El anteproyecto establece la coordinación obligatoria entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio Público, Ministerio de Minería y Metalurgia y COMIBOL para la planificación y ejecución de operativos interinstitucionales. También dispone que la actuación de Fuerzas Armadas y Policía se sujete a los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y oportunidad, y plantea que el uso de armas, municiones y equipamiento sea proporcional al riesgo de los operativos, conforme a la Ley N° 400.
Actuar también sobre quienes sostienen el delito
El anteproyecto amplía la respuesta penal hacia quienes proporcionan recursos para hacer posibles estos ilícitos. Propone incorporar el financiamiento de la minería ilegal, con una pena de tres a nueve años de privación de libertad para quien, por cuenta propia o de terceros, provea, recolecte, entregue o financie fondos, recursos económicos o medios materiales destinados a la comisión de los delitos mineros comprendidos por la normativa vigente.
También plantea sancionar con uno a tres años de privación de libertad la obstaculización a la fiscalización minera, cuando mediante violencia, amenaza o impedimento físico se obstaculicen las labores de evaluación, control, inspección o fiscalización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o de COMIBOL.
La propuesta refuerza además las penas para hechos cometidos en circunstancias de mayor gravedad. Plantea un aumento de dos tercios de la pena cuando exista reincidencia en ilícitos mineros en un periodo no mayor a cinco años; se empleen procedimientos o insumos nocivos que pongan en peligro la salud pública, los ecosistemas o fuentes hidrológicas; intervengan servidores públicos valiéndose de su cargo; se utilicen menores de edad o personas inimputables; se empleen ilícitamente armas de fuego o explosivos; medien agresiones físicas, violencia o intimidación para cometer el ilícito o evitar su descubrimiento; o participen tres o más personas.
Con estas disposiciones, la respuesta planteada no se limita a quien ingresa a una mina para robar mineral, sino que también busca alcanzar a quienes aportan recursos económicos o materiales para hacer posible el delito y fortalecer las herramientas de actuación cuando la violencia, las armas, la organización de grupos numerosos u otras circunstancias incrementan su gravedad.
Otro componente es el incentivo a la denuncia, condicionado a que el mineral sea efectivamente recuperado y devuelto a COMIBOL. El texto establece un incentivo equivalente al 5% del valor técnico e inventariado del mineral útil recuperado para el denunciante individual y del 10% cuando la denuncia provenga de una comunidad campesina, indígena o pueblo originario. También establece exclusiones, reserva de identidad y mecanismos para fortalecer la custodia y protección de las instalaciones mineras.
El anteproyecto articula la experiencia registrada en las operaciones mineras con el marco jurídico nacional y toma como referencia la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada mediante la Decisión 774 de la Comunidad Andina, que plantea medidas legales, administrativas y operativas para enfrentar de manera integral y coordinada la minería ilegal y sus actividades conexas.
La socialización en Huanuni permitió presentar ante representantes del ámbito legislativo una problemática documentada desde las operaciones mineras, dimensionar parte de su impacto económico y humano y exponer una propuesta ante las instituciones directamente vinculadas con su prevención, control, investigación y eventual aplicación. Con la entrega simbólica del anteproyecto a representantes de ambas cámaras, COMIBOL presentó la propuesta para su conocimiento y consideración.
