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El decreto Federico Escobar Zapata nacionalizó Vinto


El decreto Federico Escobar Zapata nacionalizó VintoBOCAMINA 12, La Paz 06/01/2012. ARTICULO UNICO.- Se revierte al dominio del Estado boliviano el Complejo Metalúrgico Vinto con todos sus activos actuales, disponiendo que la empresa metalúrgica Vinto asuma de inmediato el control administrativo técnico, jurídico y financiero de acuerdo al artículo 77 del Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. La Empresa metalúrgica Vinto a través de sus ejecutivos dispondrá las auditorías financieras, técnicas y jurídicas que determinen las responsabilidades de Ley.

El presidente Evo Morales Ayma emplea el nombre de un luchador, revolucionario, patriota o defensor de la soberanía y dignidad de Bolivia en las leyes promulgadas y decretos destinados al fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, como reconocimiento a su lucha por el pueblo boliviano.  
La nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto es producto del decreto supremo No. 29026 “Federico Escobar Zapata”, líder y mártir del movimiento obrero minero boliviano.
El decreto Escobar Zapata, además de constituir una pieza jurídica, revela datos de la ilegal entrega de la Empresa Metalúrgica Vinto y justifica la razón de recuperarla para el pueblo boliviano. Resumimos esta historia:
El modelo neoliberal implantado en Bolivia desde 1985, generó la liquidación de las empresas estatales estratégicas a través de los procesos de capitalización y privatización, provocando relocalización y agudizando el desempleo.
La Ley 1544 de 21 de febrero de 1994 incluyó a la Empresa Metalúrgica Vinto como empresa pública sujeta al proceso de capitalización, sin embargo la Ley Nº 1982 de 17 de julio de 1999 excluía específicamente a la Empresa Metalúrgica Vinto de los alcances de la Ley de Capitalización disponiendo que el Poder Ejecutivo determine el mecanismo de su transferencia al sector privado en el marco de la Ley 1330 de 24 de abril de 1992, Ley de Privatización, norma esta que no prevería la transferencia de Unidades Productivas Estratégicas. Sobre tal incoherencia jurídica, el entonces Ministerio de Comercio Interior e Inversión, mediante Resolución Ministerial 139/99 de 24 de junio de 1999, aprobó el Plan Específico de MB-ESTAÑO 05/99 que comprendía la ilegal transferencia de la Empresa Metalúrgica Vinto.
En consecuencia, mediante Decreto Supremo Nº 25631 de 24 de diciembre de 1999 se adjudico la licitación MCEI COMIBOL EMB-ESTAÑO UR LIC 005/99 a la firma Allied Deals PLC por el monto de catorce millones setecientos cincuenta y un mil trecientos cuarenta y nueve dólares americanos, sin cumplir las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones de la licitación mencionada generando irreversibles daños económicos al Estado boliviano.
Atentado al patrimonio
Del análisis del proceso de privatización se evidencia que la fundición de Estaño Vinto fue transferida violando diferentes normas y disposiciones legales.
Por la verificación de los diferentes estados contables de la Empresa Metalúrgica Vinto se patentiza que la fundición de estaño Vinto-Oruro estaba valorada en la suma de ciento cuarenta millones de dólares americanos que en comparación al monto de adjudicación 14.751. 349 constituye un evidente perjuicio al patrimonio del Estado boliviano.
La documentación contable de la Empresa Metalúrgica Vinto establece que Allied Deals PLC se ha beneficiado además con la entrega ilegal de estaño metílico en circuito, concentrados, materiales y repuestos por más de 16 millones de dólares americanos, lo que demuestra que la Fundición de Estaño Vinto fue entregada a la extinta empresa Allied Deals en situación de quiebra en su país de origen ocasionando un gravísimo daño a la propiedad del Estado Boliviano.
La cláusula 7.2 del contrato de compra venta de la fundición de estaño Vinto de marzo del año 2000 establece la prohibición de transferencia a terceros por parte del adjudicatario Allied Deals PLC antes de 3 años de la vigencia del contrato, obligación que fue vulnerada por la citada Allied Deals PLC con claras intensiones fraudulentas contra el interés público máxime y para entonces la situación de esa empresa era en quiebra.
La indefinición jurídica en la personería de la empresa provocada por un cúmulo de ilegalidades señaladas genera graves riesgos para la economía del país y la estabilidad laboral de los trabajadores, situación que obliga al Gobierno nacional determinar la reversión de la Fundición de Estaño Vinto al dominio del Estado.

Mandato popular
La instalación y puesta en marcha de la Fundición de Estaño Vinto ha sido producto de un largo proceso de lucha por la independencia económica del país, constituyéndose en símbolo de la industria metalúrgica de Bolivia.
Por mandato del numeral 7 del artículo 59 de la constitución Política del Estado, la transferencia de bienes del Estado debe de ser aprobada y autorizada mediante Ley por el Congreso Nacional como órgano depositarios de la soberanía del pueblo, situación que la ilegal transferencia de la Empresa de Fundición de Estaño Vinto nunca se cumplió.
El Gobierno Nacional en ejercicio del mandato popular (...), referido a la recuperación de los recursos naturales y su industrialización y ante las evidentes y gravísimas ilegalidades antes referidas, se encuentra en la obligación de revertir al dominio del Estado la fundición del Estaño Vinto con el objeto de alcanzar el desarrollo económico digno y soberano.

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