e

l episodio más trascendental en los inicios de la segunda mitad del siglo XX fue la Revolución Nacional, proceso que cronológicamente se circunscribirá entra la insurrección del 9 de abril de 1952 hasta el golpe militar de 1964. En todo caso, lo ocurrido en la gesta de Abril no será otra cosa que la consecuencia de procesos anteriores a la misma Guerra del Chaco, los gobiernos militares autodenominados “socialistas”, el Congreso Indigenal, los Sindicatos Agrarios, las masacres indígenas y minerales, a creación de la FSTMB, la tesis de Pulacayo y otros acontecimientos, prolegómenos que reflejaron la tesis de la oligarquía minero- feudal.

La Revolución de Abril marco así la construcción de una nueva realidad nacional en la vida republicana de todo nuestro país. Tras este acontecimiento, se adoptaran medidas - las adicionalmente, como la Reforma Agraria, el Voto Universal y la Nacionalización de las mina, junto a otras no menos que las indicadas. Estas transformaciones se constituyeron en los actos de mayor popularidad en la coyuntura que vivía el país en ese entonces.

Sin embargo, uno de los objetivos perseguidos por los ideólogos del Nacionalismo Revolucionario era la independencia económica de Bolivia, cambio que se pensaba dar y que no podía prescindir de una tarea importante: la Nacionalización de las Minas.

Así que mediante el DS Nº 3059 del 13 de mayo de 1952, se crea una comisión, que posteriormente se denominara Comisión de Nacionalización de las Minas, cuyo objetivo fue estudiar las bases, procedimientos y condiciones […] y preparar un plan completo de expropiación legal para la nacionalización de las empresas que formaban los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo.

El 31 de octubre de 1952, en un campo abierto llamado Maria Barzola (Catavi) fue firmado el DS Nº 2332, denominado de “Nacionalización de las minas”, medida tomada al ser considerada de “utilidad Nacional de las minas y bienes de las empresas que formaban los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo”.

El Gobierno de la Revolución considero- en el mismo decreto- la expropiación de maquinarias, instalaciones, edificios, ingenios, plantas de experimentación , laboratorios, vías y medios de comunicación, equipos y materias de transporte, centrales hidroeléctricas, campamentos, materiales de exportación y de pulpería, productos acumulados, estudios, informes técnicos, planos, cartas de cursos, libros de contabilidad, documentos, archivos y todos los muebles e inmuebles de propiedad de las empresas mencionadas anteriormente.

Asimismo, las minas nacionalizadas fueron encomendadas en su administración y operación a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), creada poco antes mediante el DS Nº 3196, 2 de octubre de 1952. Hasta 1985, la COMIBOL administro 34 centros, entre plantas, agencias y empresas mineras.

El DS Nº 21060 propuso la reducción de la actividad de sector estatal e implanto, a través de esta forma, la Reforma Arancelaria, el Sistema de Caja Única y el Sistema de Control de Flujos Financieros de Empresas Publicas; así mismo, vendió la Corporación Minera de Bolivia, que trajo como consecuencias el despido de más de 23.000 trabajadores mineros.

Desde esa fecha el 2006, se implantaron varios ajustes a la organización interna de la COMIBOL, con poca incidencia en la política minera boliviana.

En octubre del mismo año, se decidió la contratación de aproximadamente 4.000 trabajadores mineros cooperativas para la explotación del Centro Minero de Huanuni, tras los enfrentamientos ocurridos entre los trabajadores asalariados de la COMIBOL y cooperativistas mineros por la explotación del cerro Posokoni.